América Latina: democracias bajo amenaza

Juan ignacio Brito

Por años oímos decir que Jair Bolsonaro era una amenaza para la democracia de Brasil. Pues bien, dejó la presidencia sin hacer ruido. Su único acto de rebeldía fue el poco republicano gesto de abandonar el país para no entregar la banda presidencial a Lula da Silva. Antes de irse, tras un largo silencio, reconoció el triunfo de su sucesor, pidió no recurrir a la violencia y condenó cualquier acto terrorista que buscara impedir un traspaso de mando ordenado. Al final, el excapitán de ejército fue solo un mal perdedor, no una amenaza institucional.

En cambio, otros gobiernos de la región han tomado decisiones o mostrado actitudes que sí suponen riesgo institucional. No se trata de casos ya perdidos como Nicaragua y Venezuela, sino de México, Bolivia, Argentina y Perú. Allí, diversos líderes adoptan medidas para aumentar sus atribuciones y romper el equilibrio de poderes.

“En nuestra región, los supuestos ‘ultraderechistas’ -Bolsonaro, Duque, Piñera- han aceptado las derrotas y cedido ante la voluntad popular. ¿Dónde está realmente el peligro para las democracias en América Latina?”

En México se habla de la “democracia moribunda” a raíz de la forma que ha adoptado la Cuarta Transformación que impulsa Andrés Manuel López Obrador. AMLO ha debilitado algunas instituciones –como el Instituto de Transparencia, el Instituto Nacional Electoral o la Comisión de Competencia Económica— y fortalecido otras, especialmente las Fuerzas Armadas, a cambio de una evidente politización.

También hay problemas en Argentina, donde el presidente Alberto Fernández se unió a 14 gobernadores provinciales para rebelarse ante un fallo de la Corte Suprema que obligaba a aumentar los fondos entregados a la Ciudad de Buenos Aires, hoy gobernada por su más probable contrincante en las presidenciales de octubre, Horacio Rodríguez Larreta. Aunque Fernández luego “retrocedió” al decir que pagaría con bonos en pesos emitidos por el Tesoro Nacional, igualmente exigió a la Corte, de manera insólita e inconstitucional, que se retracte de su fallo y que los jueces se recusen.

Por su parte, en Bolivia, una justicia servil a los dictados del gobernante Movimiento al Socialismo, dispuso la semana pasada el arresto con violencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, figura clave de la oposición. Se le acusa de participar en el “golpe de Estado” que sacó del gobierno a Evo Morales, luego del intento del MAS por robarse las elecciones en los comicios de 2019.

Y en Perú, solo la ineptitud impidió el éxito del autogolpe que fraguó Pedro Castillo. Cuando el expresidente fue depuesto, la airada izquierda montó protestas que sembraron el caos durante varios días.

En todos estos casos el libreto es similar: el objetivo de controlar el Estado y anular la oposición por parte de líderes y partidos de izquierda dura. Enfrentados a obstáculos típicos de cualquier proceso democrático, recurren a recetas autoritarias que pasan por encima de la legalidad. ¿La razón? Para llevar adelante sus programas radicales, no les basta el control del gobierno, sino que necesitan la hegemonía completa sobre el Estado. A menudo han llegado al poder denunciando una hegemonía opresora, pero una vez en él y cuando los pesos y contrapesos democráticos les impiden cumplir sus proyectos, hacen trampa y violan las normas de convivencia institucional. Al final, terminan avanzando, con descaro y velocidad variables, hacia el autoritarismo, victimizándose y justificando su apetito insaciable de poder.

Lo hacen inventando un “hombre de paja”: la extrema derecha. Pero los “ultraderechistas” como Bolsonaro, Iván Duque o Sebastián Piñera aceptaron las derrotas y cedieron ante la voluntad popular. ¿Dónde está realmente el peligro para las democracias en América Latina?